La iniciativa será consultada en las 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas del país, traducida a las 68 lenguas originarias y enviada al Congreso el próximo 12 de octubre.
CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la convocatoria para iniciar la consulta nacional de la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso que calificó como histórico al reconocer plenamente los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios y del pueblo afromexicano.
Durante la conferencia matutina, la mandataria federal destacó que la propuesta será sometida al diálogo y consulta en 16 mil 728 comunidades pertenecientes a los 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano, antes de ser enviada a la Cámara de Diputados el 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural.
“Es un ejercicio único en la historia de México y representa un reconocimiento a la grandeza cultural que ha dado identidad a nuestro país desde hace miles de años”, afirmó.
Sheinbaum sostuvo que la iniciativa forma parte del proyecto de Humanismo Mexicano impulsado por la Cuarta Transformación y busca consolidar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos plenos de derechos.
La presidenta recordó que, por primera vez, estas comunidades reciben recursos públicos de manera directa mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam), como parte de una política orientada a fortalecer su autonomía y desarrollo.
La iniciativa será traducida a las 68 lenguas indígenas
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que la propuesta legislativa será traducida a las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, con el apoyo de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), para garantizar una consulta informada y accesible.
Explicó que la ley reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que permitirá fortalecer su libre determinación, autonomía y participación en la vida pública del país.
Ocho ejes para garantizar derechos
La propuesta contempla ocho apartados fundamentales orientados a consolidar un marco jurídico integral para los pueblos originarios y afromexicanos.
Entre los principales aspectos destacan el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades; el fortalecimiento de la libre determinación y autonomía; los derechos específicos de los pueblos afromexicanos; la protección de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas; así como medidas para garantizar los derechos de personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad.
También incorpora mecanismos para hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, además de establecer reglas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y un sistema de responsabilidades, sanciones y procedimientos de defensa, incluido el juicio de amparo indígena y afromexicano.
Consulta nacional en cinco etapas
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que el proceso de consulta se desarrollará en las 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas del país, mediante un esquema de cinco etapas que permitirá recoger propuestas, observaciones y opiniones de las comunidades antes de la presentación formal de la iniciativa ante el Congreso de la Unión.
Con este proceso, el Gobierno de México busca construir una legislación consensuada con los propios pueblos originarios, fortaleciendo el reconocimiento de sus derechos, su autonomía y su participación en la vida política, social y cultural del país.
