Con el propósito de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la libre competencia en la contratación de obra pública, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó ante el Congreso del Estado dos iniciativas encaminadas a cerrar espacios a posibles conflictos de interés y garantizar que los recursos públicos sean ejercidos en beneficio de la sociedad.
La primera propuesta plantea reformar la fracción XXVIII del artículo 91 y adicionar el artículo 171 Bis de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer obligaciones y restricciones específicas para quienes participan en los procesos de licitación y adjudicación de los ayuntamientos.
La iniciativa contempla que las y los presidentes municipales deberán garantizar condiciones de imparcialidad, transparencia y libre competencia en estos procedimientos, además de abstenerse de intervenir cuando exista un conflicto de interés.
Asimismo, propone prohibir expresamente que presidentes municipales, síndicos, regidoras y regidores, así como titulares de dependencias y entidades de la administración pública municipal, participen como proveedores, contratistas o subcontratistas en procedimientos de contratación realizados por el propio Ayuntamiento.
La propuesta también establece mecanismos para evitar que estas restricciones sean eludidas mediante familiares o personas relacionadas. De acuerdo con el planteamiento, existiría incumplimiento cuando el contrato sea otorgado a una empresa en la que los servidores públicos señalados, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado tengan participación como socios, accionistas, administradores, representantes legales o beneficiarios controladores.
En caso de que un contrato sea celebrado en contravención de estas disposiciones, la iniciativa plantea que sea considerado nulo, además de dar vista a las autoridades competentes para que, en su caso, se determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.
Mayor vigilancia sobre la contratación de obra pública
La segunda iniciativa propone reformar la fracción I del artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, a fin de fortalecer los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en los procesos de contratación.
La modificación busca garantizar que los recursos destinados a infraestructura pública sean ejercidos exclusivamente en beneficio de la sociedad y bajo condiciones efectivas de competencia e igualdad entre las personas participantes.
Para ello, se plantea impedir que presenten propuestas o celebren contratos aquellas personas físicas o jurídicas en las que participen, de manera directa o indirecta, servidores públicos involucrados en la planeación, programación, presupuestación, contratación, adjudicación, supervisión o ejecución de la obra pública correspondiente.
La restricción también aplicaría cuando exista un interés personal, familiar, patrimonial, económico o de negocios que pueda generar un conflicto de interés.
La iniciativa precisa que se considerará conflicto de interés cuando los servidores públicos involucrados, su cónyuge, concubina o concubinario, o sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, participen como socios, accionistas, administradores, representantes legales, apoderados o beneficiarios controladores de las empresas que pretendan contratar con el gobierno.
También contempla aquellos casos en los que se acredite la utilización de una interpósita persona para obtener un beneficio derivado del contrato.
Con ambas propuestas, la diputada Celia Bonaga Ruiz busca fortalecer los controles preventivos en materia de contratación pública, reducir riesgos de favoritismo o aprovechamiento indebido de los recursos públicos y consolidar procedimientos sustentados en la transparencia, la igualdad de condiciones y la rendición de cuentas.
