Ante el incremento de prácticas ilegales de despojo inmobiliario que afectan principalmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y comunidades indígenas, el Gobierno del Estado de Puebla presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma legislativa para endurecer las sanciones penales y económicas contra este delito.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que la propuesta contempla elevar las penas de prisión de 6 a 12 años, así como incrementar las multas de 100 hasta mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) para quienes cometan este ilícito.
La iniciativa también establece penas más severas para los autores intelectuales o financiadores del despojo inmobiliario, quienes podrían enfrentar penas de 7 a 15 años de prisión, además de multas que van de mil a 3 mil UMAS.
“Tenemos que cerrarle el paso a la corrupción. Ahora está en manos de las y los diputados. Desde luego que ellos analizarán y harán lo que corresponda”, expresó García Parra al destacar la importancia de fortalecer el marco legal para combatir este delito.
La propuesta busca limitar la comercialización irregular de tierras, la lotificación ilegal y la especulación inmobiliaria, prácticas que en muchos casos se realizan mediante el uso de documentos falsos, actos simulados en el Registro Público de la Propiedad o con la participación dolosa de notarios públicos, quienes podrían enfrentar un aumento de la pena hasta en una tercera parte.
Asimismo, la sanción se incrementará cuando el despojo tenga finalidad lucrativa o se cometa en perjuicio de sectores en condición de vulnerabilidad, con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias poblanas y garantizar el acceso a la justicia.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Puebla refrenda su compromiso de defender la legalidad, combatir la corrupción y proteger los derechos patrimoniales de la población, fortaleciendo las herramientas jurídicas para erradicar el despojo inmobiliario en la entidad.
